Des del año 2012 y hasta hoy, las pymes deben pagar las conocidas tasas judiciales para ejercer su derecho fundamental a acceder a la justicia. Esta obligación fue impuesta por el entonces Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón e incluía personas jurídicas (empresas) y personas físicas (particulares), un sistema que perjudicaba a los màs débiles tuvieran o no razón para acudir a la Administración de Justicia. Tras las críticas, fue modificada y se limitó a las sociedades en pleitos de más de 2000€, aunque en Catalunya la tasa se impone a todas las sociedades que tributan IAE.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, las tasas se componen de una parte fija y otra variable que supone el 0,5% sobre la cuantía del pleito en el que tomen parte. Esta cifra es exactamente la misma que deben abonar las grandes empresas, lo que aumenta las desigualdades entre los empresarios y emprendedores. Además, esta decisión se tomó en plena crisis económica, una crisis que afecta sustancialmente el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y su desarrollo económico.
Es evidente que cualquier tasa limita el acceso a la justicia y , por ello, debe ser de aplicacion muy restrictiva. Un sistema mucho más justo sería crear tasas con derecho a devolución si finalmente la justicia te da la razón, como es el caso de los depósitos para recurrir. Afortunadamente, el pasado mes de abril el Congreso de los Diputados aprobó tomar en consideración el Proyecto de Ley presentado para eximir a las pymes y ong’s de la obligación de pagar tasas judiciales. El resultado fue unánime, con 322 votos a favor.
Esta propuesta es solo el inicio de un largo proceso. Pero un gran número de ciudadanos, juristas y abogados respaldamos el proyecto. Entre otras razones, porque supondría un gran beneficio para el motor económico del país.
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